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Diagnóstico Reservado / José Saldaña.
El pasado 16 de julio de 2025, el gobernador Américo Villarreal Anaya incitó al Congreso estatal a aprobar la gestión de 1,000 a 1,123 millones de pesos como adelanto de participaciones federales, enfatizando que “no es deuda”, sino un mecanismo para adelantar recursos que, en los próximos tres años, dejarán de enviarse a la entidad.
A primera vista, puede parecer prudente: se adelantan recursos para construir estaciones seguras en carreteras de la frontera y la región ribereña, con la promesa de liquidar el adeudo antes del fin de la administración actual, evitando así cargar obligaciones a la próxima administración.
Pero, ¿qué sucede debajo del discurso oficial?
1. El disfraz de “no es deuda” y la realidad fiscal
Decir que no es deuda porque se pagará antes de 2028 no convierte esta decisión en lo más deseable. Es un crédito garantizado con participaciones federales, legal, pero fiscalmente riesgoso. Al comprometer un porcentaje (2.31 %) del ramo general por varios años, limita la flexibilidad financiera futura.
Cuando se pacta destinar recursos anuales a un pago que ya fue adelantado, se sacrifica capacidad de respuesta ante imprevistos como recortes federales o emergencias estatales. De hecho, ya en el primer trimestre de 2025, el estado sufrió un recorte de 28 millones de pesos en participaciones federales.
2. Prioridad cuestionable: seguridad vs. servicios básicos
Invertir en estaciones seguras puede mejorar la movilidad fronteriza, y eso es real. Sin embargo, los proyectos sociales como salud, educación, agua potable enfrentan recortes severos en el presupuesto federal entregado a Tamaulipas para 2025.
¿Vale la pena apostar fuertemente por infraestructura de seguridad, si a cambio se resiente el financiamiento básico a comunidades vulnerables y servicios públicos esenciales?
3. Presión institucional y ambición política local
La iniciativa aprobada por Morena-PVEM-PT no se limitó a avanzar el adelanto, sino que impulsó que los alcaldes también se endeuden o usen adelantos para ejecutar obras públicas. Esto refleja una lógica de corto plazo que aprieta a municipios dependientes de participaciones, sin considerar sostenibilidad fiscal.
Es preocupante que este tipo de decisiones se conviertan en precedentes: autorizar líneas de crédito públicas y privadas sobre participaciones futuras sin planes claros de contención o evaluación de impacto a largo plazo.
4. Transparencia y contrapesos débiles
En Tamaulipas, apenas el 16 % de los legisladores publica sus declaraciones patrimoniales e intereses. La opacidad legislativa dificulta el control ciudadano y profesional sobre iniciativas como ésta, que comprometen gran parte del presupuesto futuro del Estado.
Sin mecanismos sólidos de rendición de cuentas, la ciudadanía no tiene claridad sobre cómo se están priorizando recursos y si las obras proyectadas se ejecutarán con eficiencia y sin sobrecostos.
¿Adelanto responsable o deuda disfrazada?
Más allá del discurso de “no es deuda”, este adelanto implica una renuncia anticipada a flujos de participaciones federales, reduce la capacidad presupuestaria futura y genera precedentes peligrosos. La prioridad debería ser cerrar brechas sociales y asegurar que cualquier inversión en seguridad no comprometa el bienestar básico de la población.
Si bien la infraestructura en la franja fronteriza puede tener impacto económico, es urgente que se evalué con transparencia, rendición de cuentas y una estrategia financiera clara que evite repetir el ciclo de endeudamiento disfrazado que ya ha aquejado al Estado.
Reflexión final
- La promesa de no dejar deuda a la siguiente administración suena bien, pero la renuncia programada a participaciones es una forma de deuda futura.
- El enfoque de seguridad no puede dominar sin equilibrio con servicios y derechos sociales.
- Hace falta vigilancia ciudadana y contrapesos institucionales reales: sin transparencia legislativa, este tipo de maniobras quedan fuera del escrutinio público.
En Tamaulipas, ya no se trata sólo de infraestructura; se trata de construir responsabilidad fiscal, rendición de cuentas y prioridades que beneficien a la mayoría, no solo a proyectos emblemáticos.
