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Diagnóstico Reservado / José Saldaña
El gobierno de Américo Villarreal Anaya prometió un “humanismo social” que pondría en el centro a los más necesitados. Casi tres años después, la realidad es cruda: la pobreza en Tamaulipas no solo no cede, sino que se mantiene en niveles alarmantes, exhibiendo el fracaso de un proyecto que se ha quedado en discursos y propaganda.
Según el Coneval, más de un millón de tamaulipecos viven en condiciones de pobreza y cerca de 300 mil en pobreza extrema.
El dato es demoledor: durante la gestión de Francisco García Cabeza de Vaca, a pesar de la confrontación con la Federación, la cifra de pobreza se redujo ligeramente; en contraste, con Américo Villarreal el estancamiento es evidente y las familias siguen resintiendo el encarecimiento de la canasta básica, el desempleo y la precariedad laboral.
El gobernador repite que los programas sociales federales son la gran solución, pero los números lo contradicen.
De 2018 a 2020, en el país 3.8 millones de personas cayeron en la pobreza (Coneval). Tamaulipas no fue la excepción, y lejos de revertirse la tendencia en este sexenio, el panorama se agravó: la población con carencias en servicios básicos de vivienda creció en municipios como Altamira y Madero. ¿Dónde quedó entonces la política estatal de desarrollo que tanto se presumió en campaña?
Lo más grave es que Villarreal no ha diseñado ningún plan propio para enfrentar la pobreza. Todo se ha dejado en manos de la Federación.
La administración estatal se limita a administrar programas federales, pero carece de una estrategia para impulsar el empleo formal, apoyar al campo o fortalecer a las micro y pequeñas empresas.
En contraste, gobiernos anteriores —con todos sus errores— al menos presentaban proyectos productivos o estrategias de atracción de inversión. Hoy, ni eso.
La desigualdad es insultante: Tamaulipas genera riqueza a través de la industria energética, manufacturera y agrícola, pero esa bonanza no llega a los bolsillos de la gente común.
Mientras unos cuantos empresarios cercanos al poder reciben contratos millonarios, en comunidades rurales aún hay familias que viven sin agua potable ni drenaje, y en colonias urbanas la gente batalla por un transporte público caro e ineficiente.
A esto se suma el clima de inseguridad. Comerciantes extorsionados, empresarios que cierran negocios y campesinos que abandonan sus tierras.
La falta de seguridad no solo golpea la vida cotidiana, sino que alimenta la pobreza. Y aquí también el gobierno de Tamaulipas ha mostrado incapacidad: la violencia sigue siendo la gran trampa que impide el desarrollo económico de miles de familias.
La diferencia con sexenios pasados es clara: antes se hablaba de desarrollo regional, ahora solo de programas asistencialistas. Antes había esfuerzos —muchas veces fallidos, es cierto— por generar inversión, ahora solo hay dependencia de los apoyos federales.
El saldo es evidente: la pobreza sigue atrapando a más de un tercio de la población tamaulipeca y el “humanismo” de Américo Villarreal no pasa de ser un eslogan vacío.
El tiempo se agota y los pobres no viven de discursos. Si el gobernador no corrige el rumbo con una política estatal seria y efectiva, su administración pasará a la historia como la que convirtió la pobreza en estadística, y a los tamaulipecos en espectadores de promesas rotas.
