Enrique Jonguitud/ Entrevista.com
Ciudad Victoria, 13 de enero.- El Congreso de Tamaulipas cerró la puerta a la posibilidad de incluir publicidad comercial en la nomenclatura de calles y colonias, al rechazar una iniciativa del grupo legislativo del Partido Acción Nacional que planteaba esta medida como alternativa para generar ingresos municipales.
La propuesta fue desechada durante la sesión de la Diputación Permanente, luego de que se concluyó que su aplicación es jurídicamente inviable por contravenir disposiciones vigentes en materia de movilidad y seguridad vial.
El diputado local Alberto Moctezuma Castillo explicó que la Ley de Movilidad establece restricciones claras sobre el uso de la señalización urbana, al tratarse de infraestructura destinada a la orientación y seguridad de las personas.
“La iniciativa bajo análisis tiene como finalidad regular la asignación y explotación de la nomenclatura del dominio público, particularmente en calles e infraestructuras urbanas, a través de esquemas de patrocinio o concesión”, expuso ante los legisladores.
Sin embargo, subrayó que la normativa federal y estatal prohíbe de manera expresa la incorporación de mensajes publicitarios o comerciales en este tipo de señalética, al considerarse un riesgo para la seguridad vial.
“La incorporación de elementos comerciales o publicitarios en las señales destinadas a la orientación y seguridad de las personas usuarias de las vías de comunicación está prohibida y estas disposiciones son de observancia obligatoria para los tres niveles de gobierno”, señaló.
Moctezuma Castillo reconoció que el planteamiento del PAN buscaba abrir una fuente adicional de financiamiento para los ayuntamientos, pero advirtió que no puede hacerse al margen de la ley.
“Considero que, aun cuando la propuesta legislativa busca generar mecanismos alternativos, la vía planteada resulta jurídicamente inviable en el contexto normativo actual”, afirmó.
Finalmente, el legislador propuso declarar improcedente la iniciativa al señalar que la materia ya se encuentra regulada por disposiciones generales vigentes y vinculantes, postura que fue respaldada por la mayoría de los diputados.
