Agencia Portátil/ Entrevista.com
Ciudad Victoria, 29 de octubre.- El Poder Judicial de Tamaulipas dictó una sentencia absolutoria en el caso del feminicidio de una ciudadana española ocurrido en 2017, luego de determinar que las pruebas presentadas durante el juicio no eran suficientes para sostener la condena contra el acusado, quien había recibido una pena de 47 años de prisión.
La resolución fue emitida el 28 de octubre de 2026 por la Sala Colegiada en Materia Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo directo concedida por un Tribunal Colegiado de Circuito el 11 de septiembre de este año.
El caso había sido resuelto originalmente en enero de 2019, cuando se dictó una sentencia condenatoria de 47 años de cárcel por el feminicidio registrado en Tamaulipas dos años antes, sin embargo, la determinación fue revisada tras la intervención de la justicia federal.
El amparo ordenó emitir una nueva resolución bajo criterios específicos, entre ellos analizar si las pruebas aportadas por la Fiscalía eran suficientes para demostrar la responsabilidad penal del acusado, con respeto al principio de presunción de inocencia.
Tras revisar el material probatorio, la Sala Colegiada concluyó que no existían elementos suficientes para mantener la condena, por lo que determinó absolver a la persona sentenciada y ordenar su inmediata libertad.
En su posicionamiento, el Poder Judicial de Tamaulipas precisó que la absolución no significa que se nieguen los hechos ni la muerte violenta de la víctima, sino que responde a la insuficiencia de las pruebas para acreditar la responsabilidad penal del acusado.
La institución señaló que la resolución se dictó en atención a los parámetros establecidos por el tribunal federal y a las obligaciones legales que deben observarse durante la impartición de justicia, particularmente en la valoración de las pruebas presentadas en un proceso penal.
El Poder Judicial estatal sostuvo que sus determinaciones deben sustentarse en los elementos probatorios y en la aplicación de la ley, bajo el principio de presunción de inocencia y con pleno respeto a los derechos de las personas involucradas en los procedimientos judiciales.
Asimismo, reiteró su compromiso con la transparencia, los derechos de las víctimas y la independencia judicial, al señalar que sus decisiones deben permanecer ajenas a intereses particulares o presiones de cualquier naturaleza.
